Extintores: la dejadez institucional que puede salir ardiendo.
Barcelona y la negligencia preventiva que cuelga en la pared (si cuelga)
Vivimos tiempos en los que todo se revisa, se regula, se audita. Tiempos donde se presume de transparencia, de participación ciudadana, de sostenibilidad. Pero basta rascar la superficie de los discursos municipales para encontrarse con una verdad que nadie quiere airear: la seguridad contra incendios está abandonada en muchos edificios públicos de Barcelona. Y no hablamos de edificios antiguos o marginales, hablamos de centros cívicos, bibliotecas, oficinas de atención, instalaciones frecuentadas a diario por ciudadanos y empleados.
Esos espacios, que deberían ser ejemplo de cumplimiento normativo, carecen de lo más básico: extintores en regla, revisados y listos para usarse. Algunos directamente no los tienen. Otros los tienen caducados. Y la mayoría, simplemente, están mal ubicados o fuera de servicio. ¿Y mientras tanto? Silencio. Mucho protocolo, mucho discurso institucional… y ninguna acción efectiva.
Extintores en Barcelona: la paradoja de una ciudad que presume de modelo
Barcelona se vende como ciudad referente. Ciudad inteligente, moderna, innovadora. Pero basta con entrar en algunos edificios del propio Ayuntamiento para toparse con extintores oxidados, etiquetas vencidas, cajas vacías o señalizaciones confusas. No es solo una vergüenza, es una irresponsabilidad manifiesta.
Cuando se trata de cumplir la ley, de proteger vidas humanas, no puede haber excusas. Porque mientras se lanzan campañas para promover la conciencia ecológica o la movilidad sostenible, los riesgos reales de incendio quedan ignorados, archivados, marginados como si fueran una antigualla de los años ochenta.
Y ojo: esto no se trata de una cuestión menor. En esta ciudad, con tantos eventos, con tanta concentración de personas, no contar con sistemas de extinción adecuados es jugar con fuego, literalmente. Y cuando se habla de extintores barcelona, no se habla de una marca comercial. Se habla de una necesidad urgente y no atendida, de una carencia que podría costar vidas.
Comprar un extintor no puede ser ciencia nuclear
Comprar un extintor, mantenerlo, revisarlo… No debería ser un trámite complicado. No estamos hablando de instalar una turbina eólica ni de hacer una obra mayor. Un extintor se compra, se cuelga donde corresponde y se revisa periódicamente. Punto.
Pero en el ámbito público, cada paso se convierte en una carrera de obstáculos. Todo debe pasar por un contrato menor, por una licitación, por un informe técnico, por una auditoría… Y al final, no se hace nada. Se alarga la espera, se relativiza la urgencia, se recurre a excusas absurdas. Y mientras tanto, los edificios siguen sin estar preparados para una emergencia.
Esto, en cualquier empresa privada, sería motivo de sanción. En la administración pública, se disuelve entre departamentos, competencias cruzadas y la sempiterna frase: “lo estamos gestionando”.
Dónde y cuándo es obligatorio tener un extintor: la ley que nadie cumple
La normativa española en materia de prevención de incendios es clara: todo local de pública concurrencia, todo centro de trabajo, toda instalación pública debe disponer de sistemas de extinción adecuados y en correcto estado. No es optativo, no es un consejo: es una obligación legal.
Entonces, cabe preguntarse: ¿dónde y cuándo es obligatorio tener un extintor? Pues prácticamente en todos los lugares donde se congregue gente, desde bares y comercios hasta colegios, centros cívicos, polideportivos y oficinas públicas. Y no solo tenerlos: mantenerlos en condiciones, visibles, accesibles y revisados periódicamente.
Y sin embargo, en pleno centro de Barcelona, en algunos barrios periféricos y hasta en sedes distritales, esa obligación se incumple sin que nadie levante la voz, sin que ningún responsable dé explicaciones. Y la ciudadanía, que confía en que todo está en regla, entra y sale de esos edificios ajena al riesgo.
La opacidad institucional: callar hasta que algo arda
Cuando un ciudadano pregunta, cuando un trabajador denuncia, la respuesta suele ser un encogimiento de hombros. No hay estadísticas públicas sobre cuántos edificios municipales tienen los extintores caducados, cuántas inspecciones se han hecho, cuántas incidencias se han corregido. Todo queda bajo la alfombra de la opacidad.
Y lo más grave es que ni siquiera se asume el problema. No hay campañas internas de revisión. No hay comunicados oficiales. No hay compromisos públicos con fechas ni responsables. Solo hay un mar de papeles, excusas y tiempo perdido. Hasta que algo pase. Hasta que haya un susto. O algo peor.
Porque no hay que olvidar que la prevención no se improvisa. Si no se actúa hoy, mañana puede ser tarde. Y entonces vendrán las lágrimas, los informes post-incendio, las dimisiones tardías y las condolencias oficiales. Pero lo que no vendrá es la posibilidad de evitar el desastre.
Extintores y responsabilidad pública: lo mínimo exigible
Barcelona no puede seguir funcionando como si esto fuera un detalle sin importancia. Un extintor puede salvar vidas, evitar un incendio, detener el caos. No tenerlos —o tenerlos inservibles— es una forma de negligencia institucional que debería tener consecuencias.
Por eso, es momento de exigir, de forma clara y contundente, que se ponga en marcha un plan integral de revisión y actualización de todos los sistemas contra incendios en los edificios públicos de la ciudad. Que se nombre un responsable por distrito. Que se publiquen los datos. Que se informe a la ciudadanía.
Y que se acabe, de una vez por todas, con la cultura del “ya lo haremos” que tanto daño hace. Porque cuando hablamos de seguridad, no se puede esperar. No se puede callar. Y, desde luego, no se puede permitir que la vida de las personas dependa de un extintor que lleva dos años caducado.