Benalmádena cobra por apagar fuegos: la tasa que enciende a los vecinos.
Una decisión municipal que deja un reguero de quejas y muchas preguntas
En Benalmádena, la chispa que faltaba para avivar el malestar ciudadano ha saltado desde el mismísimo Ayuntamiento. Resulta que ahora, cuando suena la sirena del camión de bomberos y los efectivos salen disparados a salvar vidas o evitar que un edificio arda como una antorcha, el ciudadano, además de agradecer el gesto, tendrá que sacar la cartera. Sí, se ha implantado una tasa por el servicio de extinción de incendios y salvamento, algo que no solo ha provocado sorpresa, sino también una oleada de críticas, recelos y un tufillo a medida recaudatoria.
Porque, seamos claros: no es lo mismo pagar impuestos que volver a pagar por lo que ya pagamos. Esto no es como renovar el seguro del coche. Aquí hablamos de lo esencial, de lo que se presupone garantizado por vivir en un Estado de Derecho: la protección civil como pilar básico.
¿Qué dice la nueva ordenanza?
La nueva ordenanza municipal establece que, salvo contadas excepciones, los ciudadanos, empresas y aseguradoras deberán abonar una cantidad por cada intervención del cuerpo de bomberos. Se trata de un catálogo tarifario que va desde los 150 euros por un aviso leve hasta cifras más elevadas dependiendo del despliegue, los recursos empleados o la peligrosidad del servicio.
Y claro, esto ha levantado polvo. Porque en el momento más crítico, cuando las llamas hacen de las suyas o un accidente deja atrapado a alguien, el último pensamiento del ciudadano será cuántos euros cuesta que vengan a socorrerle.
El coste de apagar un incendio: ¿solidaridad o contabilidad?
En medio del debate, emerge una palabra que cobra sentido práctico: responsabilidad. La del ciudadano, sí, pero también la de quien gestiona lo público. El argumento del Ayuntamiento pivota sobre la idea de eficiencia: se trata de recuperar parte del gasto que genera la actuación de emergencias, descargando el peso de las arcas municipales.
No obstante, esa idea de “quien contamina, paga” no termina de encajar cuando se trata de un incendio doméstico, un cortocircuito fortuito o una fuga de gas. Porque ni todos los siniestros son culpa de una imprudencia ni todos los bolsillos están preparados para enfrentarse al doble susto: el fuego y la factura.
En este punto, conviene recordar que el precio extintor 6 kg, uno de los más comunes para uso residencial o en pequeños negocios, ronda los 25 a 40 euros. Una cifra modesta si se compara con los potenciales costes de una intervención municipal. Pero, ¿cuántos hogares están realmente equipados con uno? Y más aún: ¿cuántos saben usarlo correctamente?
Extintores: pequeños héroes ignorados
Aquí es donde entra en juego el papel preventivo del extintor, esos grandes olvidados que cuelgan de las paredes de oficinas, garajes y locales comerciales como si fueran parte de la decoración. Bien usados, pueden frenar el avance de un fuego incipiente y evitar males mayores. Y sin embargo, la cultura de la prevención sigue siendo escasa, anecdótica, relegada al “ya veremos”.
La cuestión es que muchos ven esta nueva tasa como una excusa para empujar al ciudadano a responsabilizarse de su seguridad, a fuerza de amenazas económicas. El mensaje implícito sería: “Si no tienes tu casa en orden, te lo cobramos”.
¿Dónde es obligatorio tener un extintor?
¿dónde y cuándo es obligatorio tener un extintor? Según la normativa española, la obligación de disponer de extintores depende del tipo de inmueble y su uso. En comunidades de propietarios, por ejemplo, deben instalarse en los garajes y zonas comunes si superan determinada superficie. En locales comerciales, oficinas y naves industriales, su presencia es ineludible. Y en viviendas particulares, aunque no es obligatorio, es altamente recomendable.
Ahora bien, tener el extintor no basta. Debe estar correctamente revisado, ubicado y señalizado, y quienes habiten o trabajen en ese espacio deben saber cómo usarlo. Porque una chispa no avisa y un incendio puede desatarse en segundos.
La polémica de la tasa: ¿justicia o abuso?
Volvamos al epicentro del seísmo. Para muchos ciudadanos, esta tasa municipal es una forma encubierta de privatizar un servicio público, o al menos, de transferir el coste al usuario bajo la excusa de la “sostenibilidad económica”. Otros la defienden como una medida disuasoria frente a los avisos innecesarios, esos que hacen perder tiempo y recursos a los servicios de emergencia.
Pero la pregunta que flota en el ambiente es otra: ¿y si mañana aplican una tasa por acudir al médico de urgencias? ¿O por la recogida de basuras tras una fiesta familiar? La delgada línea entre la gestión eficiente y la mercantilización de lo público se difumina peligrosamente.
Lo que nadie cuenta: la letra pequeña
La ordenanza recoge algunas exenciones: intervenciones derivadas de catástrofes naturales, asistencia a víctimas sin recursos, o servicios que no lleguen a ejecutarse por cancelación del aviso. Pero también establece tarifas por desplazamiento, uso de maquinaria, incluso por rescate de animales.
Un gato en un árbol puede acabar costando más que la visita al veterinario. Y ese es el tipo de anécdotas que convierten una norma en motivo de burla o indignación.
Un modelo con antecedentes
Otras ciudades en España ya han aplicado modelos similares, pero lo hacen con criterios más restrictivos o con mayor transparencia informativa. En muchos casos, el cobro se dirige exclusivamente a aseguradoras, o a situaciones de negligencia demostrada.
Lo que parece faltar en Benalmádena es una labor pedagógica, una comunicación clara y honesta sobre cómo se aplicará esta medida, a quién afecta y bajo qué criterios. Porque la incertidumbre solo alimenta la desconfianza.
¿Qué puede hacer el ciudadano?
Además de cumplir con las medidas básicas de seguridad —como tener un extintor accesible y operativo—, es vital informarse, preguntar en el Ayuntamiento, exigir claridad. Porque el desconocimiento no exime de responsabilidad, pero la administración debe ser transparente y justa en sus decisiones.
Al final, lo que está en juego no es solo una tasa más. Es el concepto mismo de servicio público, de comunidad, de solidaridad en los momentos difíciles. Y eso, queridos lectores, no tiene precio… o no debería tenerlo.