Can Rova: el desalojo que tardó más de lo moralmente aceptable
Ibiza empieza a cerrar una página que nunca debió escribirse
Ya era hora. Porque lo de Can Rova no era un problema reciente, ni una cuestión sobrevenida, ni una circunstancia excepcional. Era una injusticia mantenida con el sello del consentimiento pasivo, una grieta en la ley urbanística y una prueba viviente de lo que ocurre cuando el orden se pliega a la tibieza política.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha dictado lo que durante años nadie se atrevía ni a pronunciar: Can Rova debe desaparecer. Sin matices, sin paños calientes.
El poblado chabolista construido sin permisos, sin planificación y sin la más mínima lógica estructural debe ser demolido. La resolución es clara. Y aunque llega con años de retraso, más vale que haya llegado.
Urbanismo ilegal, silencio oficial
No estamos hablando de un par de casetas aisladas. Estamos hablando de una comunidad ilegal consolidada sobre suelo no urbanizable, con infraviviendas hechas con materiales precarios, estructuras sin supervisión técnica, y conexiones eléctricas que rozaban el suicidio colectivo. Todo ello, con pleno conocimiento de las autoridades.
¿Se imaginan ustedes una inspección técnica de ese lugar? Habría ardido el informe antes que el cableado. Porque allí no había ni medidas mínimas de prevención. Ni extintores, ni salidas de emergencia, ni normas de evacuación. Nada.
Y es aquí, en este punto ya insoportable de dejadez, donde uno piensa en lo esencial. En lo básico. En lo lógico. ¿Dónde estaba un extintor CO2 cuando cualquier chispa podía convertir ese amasijo de plásticos y bombonas en una tragedia?
Normalizar lo anormal: la receta perfecta para el desastre
Durante años, las denuncias de vecinos, los informes técnicos y las advertencias de seguridad fueron cayendo al vacío. Lo importante era no alterar la foto institucional. Que no se dijera que se actuaba con dureza, que no se acusara al consistorio de falta de sensibilidad.
Y mientras tanto, el poblado seguía creciendo como un tumor urbano. Cada día más grande, cada día más peligroso. Y ni rastro de soluciones reales. Solo parches, solo excusas, solo aplazamientos.
Cuando el problema se hizo tan grande que ya era imposible ignorarlo, muchos pensaron, como gesto mínimo de autoprotección, en comprar extintor CO2, como si eso pudiera compensar dos décadas de omisión institucional. Pero un extintor no compensa la ausencia total de planificación. Ni tampoco el miedo constante a una chispa.
La isla no puede vivir bajo amenaza permanente
Ibiza no es una metrópolis desbordada. Es una isla. Limitada en espacio, en recursos y en paciencia. Y lo de Can Rova no solo era un despropósito jurídico y técnico, era una amenaza constante a la seguridad colectiva.
Un asentamiento ilegal, levantado sobre suelo rústico, sin control urbanístico y con decenas de conexiones eléctricas caseras, no es un asunto menor. Es un polvorín. Un cúmulo de errores con consecuencias potenciales desastrosas.
Y aquí entra una de esas preguntas que ningún político en activo quiere contestar en voz alta: ¿dónde y cuándo es obligatorio tener un extintor? Porque si a usted le piden extintores en su pequeño comercio, en su furgoneta de reparto o en una simple oficina, ¿cómo es posible que un barrio entero, fuera de norma y lleno de materiales combustibles, se haya mantenido sin una sola medida de seguridad obligatoria?
El peligro no era teórico: era real y estaba latente
La amenaza era clara: un incendio podría iniciarse en cualquier momento. Un fallo eléctrico, una bombona mal sellada, una vela olvidada… Bastaba un instante para que Can Rova se convirtiera en noticia internacional.
Pero no ocurrió. No porque estuviera todo en orden, sino porque la suerte —esa que siempre se agota— decidió darle margen a la política.
Ahora, la justicia llega con su maleta de principios, y dice lo que todos sabíamos pero nadie firmaba: hay que desalojar, hay que demoler y hay que devolver la legalidad a ese terreno.
La responsabilidad no es solo del ocupante
Nadie niega que muchas de las personas que habitan Can Rova lo hicieron por necesidad. Pero la necesidad no exime del cumplimiento de la ley. Y lo que realmente importa aquí es otra cosa: ¿quién permitió que ese asentamiento creciera sin control durante años?
La responsabilidad no es solo del que se instala. Es también del que no actúa. Del que tolera. Del que normaliza lo anormal por comodidad o cobardía.
Porque cuando se acepta que una infravivienda es una solución válida, se está diciendo a toda la sociedad que el Estado ya no es garante de seguridad, ni de legalidad, ni de justicia.
Ibiza merece otra política. Más seria. Más valiente
Can Rova debe ser una lección. Una advertencia. Un punto final a la permisividad que tantas veces se disfraza de sensibilidad social. La verdadera sensibilidad no es permitir que familias vivan rodeadas de basura, sin agua corriente, sin luz segura, sin protección contra el fuego.
La verdadera sensibilidad es garantizar una vida digna. Y una vida digna empieza por respetar la ley. Por construir en suelo legal, con materiales adecuados, con medidas básicas de seguridad. Como un extintor CO2 colocado estratégicamente, como dictan los protocolos. Todo lo demás es literatura de campaña.