Campanar y la seguridad contra los incendios: una deuda estructural que sigue abierta. Una tragedia que sacudió a toda la ciudad.
El jueves 22 de febrero de 2024, a media tarde, un incendio de gran virulencia comenzó a devorar un edificio residencial del barrio de Campanar, en Valencia. En cuestión de horas, las llamas convirtieron la fachada en un frente incontrolable y el balance humano fue devastador: diez personas perdieron la vida. La conmoción social fue inmediata y el luto se extendió por toda la ciudad, al tiempo que emergían interrogantes sobre la calidad constructiva, los materiales empleados y la capacidad real del edificio para resistir un siniestro de tal magnitud.
Dudas técnicas y responsabilidad normativa
Desde los primeros compases posteriores al incendio, la atención se centró en la protección pasiva del inmueble y en la eficacia de la normativa vigente. Aunque el Gobierno central aprobó meses después un decreto con medidas adicionales de seguridad, la norma básica que articula la edificación en España, el Código Técnico de la Edificación (CTE), continúa pendiente de una reforma profunda. Dos años después del suceso, la sensación dominante es que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, y que la prevención estructural contra incendios continúa relegada frente a otras prioridades legislativas.
Ignifugaciones: la primera línea de defensa estructural
La protección pasiva frente al fuego se sustenta, en gran medida, en las ignifugaciones, una solución técnica destinada a retardar la propagación de las llamas, preservar la estabilidad estructural y ganar tiempo vital para la evacuación. En edificaciones residenciales de gran altura, la aplicación correcta de tratamientos ignífugos en estructuras metálicas, forjados, conductos y fachadas resulta determinante. La experiencia de Campanar ha evidenciado que la ausencia o deficiente ejecución de estas soluciones puede convertir un incendio localizado en una catástrofe generalizada, con consecuencias irreversibles para personas y patrimonio.
Certificado contra incendios y control técnico riguroso
La exigencia de un certificado contra incendios adquiere una relevancia crítica en el escenario posterior al siniestro. Este documento, emitido por personal técnico cualificado, acredita que el edificio cumple con los requisitos normativos de protección activa y pasiva, así como con los estándares de seguridad exigibles. La Generalitat Valenciana, a través de iniciativas vinculadas al Informe de Evaluación del Edificio, ha impulsado la incorporación de anexos específicos de análisis de riesgo, reforzando así el control previo a la concesión de ayudas públicas. Sin embargo, la falta de un marco estatal actualizado limita el alcance real de estas medidas.
Necesidad de soluciones especializadas
La tragedia ha puesto de relieve la importancia de contar con empresas especializadas, con conocimiento técnico contrastado y capacidad para intervenir conforme a normativa. Plataformas de referencia como ignifugacionespromatec.es representan un ejemplo de la especialización necesaria para abordar proyectos complejos de protección contra incendios en edificios residenciales, industriales y públicos. La correcta selección de sistemas, su aplicación certificada y el seguimiento posterior constituyen un pilar esencial para reducir riesgos y cumplir con las exigencias actuales y futuras del CTE.
El papel limitado de las comunidades autónomas
Aunque las competencias inspectoras y sancionadoras recaen en las administraciones autonómicas, el marco regulador general depende del Estado. Desde la Generalitat Valenciana se han trasladado alegaciones técnicas al Ejecutivo central y se han promovido comisiones de expertos con colegios profesionales y entidades como el Instituto Valenciano de la Edificación. No obstante, hasta que el Gobierno de España apruebe definitivamente la reforma del CTE, las comunidades continúan con margen de actuación restringido.
Mayor conocimiento del fuego, menor velocidad legislativa
Arquitectos y especialistas en protección constructiva coinciden en que el conocimiento sobre la dinámica del fuego ha avanzado de forma notable. Hoy se dispone de estudios precisos sobre el comportamiento de materiales, la transmisión térmica y la propagación por fachada. Este saber técnico ya se aplica en proyectos singulares como hospitales, museos o catedrales, pero su traslación al parque residencial existente avanza con demasiada lentitud. El resultado es un escenario en el que la técnica va por delante de la ley, generando una brecha peligrosa.
Conciencia ciudadana y formación profesional insuficientes
Más allá de la normativa, persisten dos debilidades estructurales: la escasa conciencia social sobre la importancia de la protección contra incendios y las lagunas formativas en determinados ámbitos profesionales. El incendio de Campanar no ha logrado, por ahora, un cambio profundo en la percepción colectiva del riesgo. La seguridad sigue viéndose como un coste y no como una inversión en vidas humanas, a pesar de que los datos y la experiencia demuestran lo contrario.
Edificios con sistemas de fachada vulnerables
Uno de los debates más sensibles gira en torno a los edificios construidos con sistemas de fachada similares al del inmueble siniestrado. Expertos advierten de que estas construcciones no ofrecen garantías suficientes frente a incendios de desarrollo rápido. Identificarlos, evaluarlos y aplicar medidas correctoras inmediatas se ha convertido en una prioridad técnica, aunque todavía no exista una obligación normativa clara que lo imponga de forma generalizada.
Europa como horizonte regulador
La esperanza de un cambio estructural se deposita ahora en el paquete legislativo europeo que previsiblemente marcará el rumbo de la protección contra incendios en los próximos años. La armonización de criterios, la exigencia de materiales más seguros y la obligatoriedad de estudios específicos podrían suponer un punto de inflexión real. Hasta entonces, la herida abierta por Campanar permanece como un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la prevención llega tarde.
Una asignatura pendiente que no admite más demoras
El incendio de Campanar no fue un accidente imprevisible, sino la consecuencia de debilidades acumuladas en normativa, control y ejecución. Dos años después, la sociedad sigue esperando una respuesta a la altura de la tragedia. La seguridad contra incendios no puede seguir siendo una cuestión secundaria: exige decisiones firmes, inversión técnica y un compromiso normativo inmediato para evitar que el luto vuelva a repetirse.