El caso Teatre llega al Constitucional: familias piden justicia y reclaman mayor seguridad en locales públicos.
El incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en la zona de Atalayas (Murcia), continúa marcando un antes y un después en la historia judicial y social de la región. Dos años después del trágico suceso, en el que murieron 13 personas, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia y transparencia. Su descontento ha resurgido tras conocerse el Auto 836/2025, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, que rechaza abrir una investigación paralela por presunta prevaricación administrativa relacionada con las licencias municipales de los locales siniestrados.
El reclamo de las familias: un paso más hacia el Tribunal Constitucional
Los familiares han manifestado su profunda disconformidad con la decisión judicial, que consideran protege al Ayuntamiento de Murcia de posibles responsabilidades administrativas. El auto, fechado el 1 de octubre de 2025, ratifica las resoluciones previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, dictadas en noviembre de 2023 y marzo de 2024, en las que ya se rechazaba investigar esa posible línea de prevaricación.
La Audiencia Provincial argumenta que no existe conexión directa entre el delito de homicidio imprudente —que centra la causa principal— y una posible prevaricación por actuaciones administrativas. Ante ello, los familiares han anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, invocando su derecho a la tutela judicial efectiva, con la esperanza de que el máximo tribunal abra una vía para esclarecer las responsabilidades institucionales en esta tragedia.
Seguridad y prevención: la señal salida de emergencia como lección pendiente
El incendio de Atalayas dejó al descubierto graves deficiencias en materia de seguridad y prevención de incendios. La falta de salidas visibles, la confusión durante la evacuación y el colapso de los sistemas eléctricos revelaron una realidad alarmante. En este contexto, el cumplimiento normativo de la señal salida de emergencia cobra un papel fundamental.
Según la normativa vigente, todos los locales públicos deben disponer de señales luminosas, visibles y homologadas que indiquen claramente la dirección de las salidas de emergencia. Sin embargo, en muchos establecimientos aún se detectan irregularidades: señales mal ubicadas, sin iluminación suficiente o incluso ausentes. Esta negligencia puede ser determinante en situaciones críticas, donde cada segundo cuenta.
Falta de supervisión: el cartel salida de emergencia como símbolo del abandono institucional
El cartel salida de emergencia se ha convertido en un símbolo de todo lo que falló aquella noche y de la desidia administrativa. Lejos de ser un simple elemento informativo, representa el compromiso de un negocio con la protección de la vida humana.
En el caso de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, los informes periciales apuntan a que las rutas de evacuación no estaban debidamente señalizadas y que las luces de emergencia dejaron de funcionar pocos minutos después del inicio del incendio. Este panorama refuerza la sospecha de que existieron fallos de control municipal en la concesión y supervisión de las licencias, aspecto que las familias quieren que se investigue a fondo.
Prevención técnica: la altura señal extintor y otros requisitos esenciales
Entre los múltiples elementos que conforman la seguridad de un local, el cumplimiento de normas básicas como la altura señal extintor es determinante. Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), las señales que indican la ubicación de los extintores deben colocarse a una altura mínima de dos metros sobre el suelo, garantizando así su visibilidad incluso en ambientes con humo.
El respeto a estos parámetros técnicos no es un mero formalismo: puede marcar la diferencia entre una evacuación controlada y una catástrofe. En locales de ocio con alta afluencia, el correcto emplazamiento de las señales y equipos de extinción resulta vital para evitar la desorientación y el pánico.
La respuesta judicial: entre la legalidad y la frustración social
El Auto 836/2025 de la Audiencia Provincial sostiene que cada delito debe investigarse en una causa independiente, tal y como establece el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, para los colectivos de víctimas, esta interpretación limita la búsqueda de la verdad y fragmenta el sentido de justicia.
Las familias insisten en que no puede separarse el hecho delictivo del contexto administrativo que lo posibilitó. Si el Ayuntamiento concedió o mantuvo licencias a locales que incumplían las normativas básicas de seguridad, esa actuación debería ser objeto de investigación penal por posible prevaricación. De lo contrario, el sistema judicial —afirman— corre el riesgo de legitimar la impunidad administrativa.
Noticias y repercusión pública: el caso que reabre el debate sobre la seguridad
Desde la publicación de la resolución, las noticias sobre el caso Teatre han acaparado titulares en todo el país. Asociaciones ciudadanas, juristas y expertos en seguridad han coincidido en señalar que la decisión judicial envía un mensaje preocupante: el de que la negligencia administrativa puede quedar al margen del escrutinio penal.
Este caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en la supervisión de locales de ocio, así como sobre la necesidad de actualizar los protocolos de inspección y emergencias. La tragedia de Atalayas ha expuesto las carencias estructurales de un sistema que, según los afectados, prioriza la burocracia sobre la seguridad ciudadana.
Una lucha que trasciende los tribunales
Más allá de los recursos legales, las familias de las víctimas han convertido su dolor en una causa común: exigir que ninguna otra vida se pierda por falta de prevención. Reclaman una reforma profunda de las políticas de seguridad y mayor transparencia institucional en la concesión de licencias a establecimientos públicos.
El caso Teatre es hoy un símbolo de resistencia y dignidad. Dos años después, el recuerdo de aquella noche sigue ardiendo en la memoria colectiva, como una advertencia sobre lo que ocurre cuando las normas se ignoran y las señales se apagan.
Murcia y toda España observan de cerca el desenlace en el Tribunal Constitucional, donde se decidirá si la justicia debe mirar más allá de los límites procesales para atender una verdad más amplia: la del derecho a vivir en entornos seguros, donde una señal salida de emergencia, un cartel correctamente instalado o la altura señal extintor adecuada no sean meros requisitos, sino compromisos reales con la vida.